La Línea Negra como Territorio Ancestral Indígena: Reconocimiento Estatal e Inseguridad Jurídica en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia

Resumen

La supervivencia de los pueblos indígenas está supeditada al respeto por su cultura, su lengua, sus usos y costumbres; sin embargo, estos elementos no pueden sostenerse sin el vínculo con su territorio y sin las creencias que estructuran su concepción del mundo. El territorio constituye la base material, espiritual y normativa de su cultura, en tanto espacio donde se articulan sistemas propios de conocimiento, autoridad y regulación social. Los pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta - Colombia, conciben este territorio como el centro del universo, integrado por lugares sagrados visibles e invisibles conectado por la denominada Línea Negra. Esta concepción se funda en una relación espiritual y ecológica con el territorio que entra en tensión con el derecho estatal y los modelos convencionales de gestión territorial. El reconocimiento de este espacio ha seguido un proceso de más de cinco décadas desde su primera delimitación oficial en 1973 para los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo. No obstante, la falta de certeza normativa y de protección efectiva ha generado conflictos socioambientales recurrentes y afectado el ejercicio de su autonomía territorial. El estudio reconstruye el proceso histórico y jurídico del reconocimiento de la Línea Negra desde una perspectiva interdisciplinaria, analizando su evolución normativa, las decisiones judiciales y la delimitación geográfica reciente. La anulación del Decreto N° 1500 de 2018 por el Consejo de Estado en 2026, seguida de la convocatoria presidencial para expedir un nuevo decreto, evidencia la persistencia de un escenario de inseguridad jurídica que mantiene abierto el debate sobre la protección efectiva del territorio ancestral. En consecuencia, la Línea Negra representa una delimitación simbólica y espiritual, además de ser un área cuya definición revela los límites del Estado para garantizar la protección de los derechos colectivos indígenas y la integralidad de sus territorios.